Sonora es la zona más importante en México para la minería. Hasta 2018, el 21.84% de la superficie total del estado se encuentra concesionada a empresas para la explotación minera. Según una investigación de PODER, la falta de controles, corrupción y fuerte presencia de grupos armados, generó un entorno para violar derechos humanos y dañar al medioambiente. Como prueba, el derrame minero en los ríos Bacanuchi y Sonora ocurrido en agosto de 2014, sin que a la fecha haya responsables ni reparación del daño a las víctimas.
En otro caso, organizaciones que acompañan al ejido El Bajío han documentado cómo la minera Penmont ha explotado dicho territorio ubicado entre Caborca y Puerto Peñasco de manera ilegal y se mantiene operando, aunque el ejido ha ganado diversos juicios agrarios. También han tenido que enfrentar otros riesgos por su oposición a la minera. En mayo de 2021, Jesús Robledo Cruz y María Jesús Gómez Vega, defensor y defensora ambientalista que se oponían a Penmont fueron asesinados. La prensa que cubre estos conflictos también está en la mira.
Desde 2010, ARTICLE 19 ha documentado el asesinato de 8 periodistas en Sonora; 6 ocurridos en el actual sexenio.
Ante esta crisis de violencia, corrupción e impunidad consideramos importante reconocer la labor que realizan tanto
personas defensoras como prensa y nos sumamos a sus voces para exigir justicia y un alto a la explotación ilegal de recursos naturales en Sonora.