Comunicados

La Red Rompe el Miedo se activa durante el contexto electoral en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas


La Red Rompe el Miedo se activa en las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para monitorear y documentar agresiones en contra de periodistas, medios de comunicación e integrantes de la Red en el marco del proceso electoral de 2022.

El objetivo de la activación es fortalecer herramientas, procesos y redes para la protección y seguridad de periodistas y personas defensoras. Así, publicará en tiempo real información sobre la situación de las coberturas periodísticas a  nivel nacional a través del sitio web y las cuentas de Twitter y Facebook. Además difundirá información y recomendaciones para coberturas seguras de elecciones.

La cobertura electoral es una de las de mayor riesgo para las y los periodistas en México. Durante el proceso electoral 2021, la RRM documentó durante su activación 81 agresiones contra la prensa vinculadas con su labor. Del total de agresiones, el 22.2% fueron registradas el día de las elecciones.

A propósito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció aquí que los procesos electorales están íntimamente vinculados a la libertad de expresión e información, ya que para que los ciudadanos puedan llevar adelante sus decisiones en el momento de votar es indispensable que cuenten con la mayor cantidad de información posible. Para esto, es crucial que los hechos, las ideas y las opiniones circulen libremente. Sin lugar a dudas, el modo más común que tienen los ciudadanos de informarse en la actualidad es a través de los medios de comunicación de masas

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) expresó que, debido a su importancia, es imprescindible que se proteja y garantice el ejercicio de este derecho en el debate político durante el proceso electoral.

El flujo de información de interés público es fundamental para garantizar elecciones libres y seguras, así como para fortalecer la democracia del país. Por ello, la Red Rompe el Miedo llama al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, a las autoridades electorales tales como el Instituto Nacional Electoral (INE) e institutos electorales locales a garantizar que la cobertura de las y los periodistas se realice en condiciones de seguridad y omitir cualquier acción que pueda inhibir el flujo de información de interés público, tanto en el ámbito físico como digital. 

También exigimos a las y los integrantes de partidos políticos y personas candidatas a omitir cualquier acto que pueda poner en peligro la vida, libertad, integridad y seguridad de la prensa por motivo de su labor o que inhiba la realización de ella de cualquier otra manera. 

Red #RompeElMiedo, FLEPS y CIMAC documentan estigmatización y violaciones a DH por parte del Estado en el contexto de la protesta feminista del #8M

  • Acompañamos las exigencias de miles de mujeres que protestaron por la violencia cotidiana en el país y de la que es responsable el Estado mexicano.
  • Gobierno Federal y de la CDMX estigmatizaron al movimiento feminista y a algunos sectores de mujeres previo a la protesta. 
  • Documentamos múltiples incidentes violentos en los que estuvieron involucrados personal de seguridad en la CDMX, así como protestas sin incidentes en Jalisco, Guanajuato y Chiapas. 

El día 8 de marzo de 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a las calles en distintas entidades del país para exigir justicia y un alto a los múltiples tipos de violencia que enfrentan las mujeres y el país. 

Ante un contexto de estigmatización y represión del derecho a la protesta y en especial a las movilizaciones feministas, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Red #RompeElMiedo (RRM) y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), se coordinaron para monitorear y acompañar las protestas en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Ciudad de México.

Mientras que en las tres primeras entidades, la protesta fluyó de manera tranquila y sin reportar ninguna agresión, en la Ciudad de México documentamos actuaciones policiales represivas, ataques contra periodistas y personas manifestantes, previo, durante y posterior a las movilizaciones. 

Los días anteriores y la mañana misma del 8 de marzo, desde el ejecutivo federal, así como del Gobierno de la Ciudad de México se estigmatizó la movilización y el derecho a la protesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador criminalizó el objetivo de la protesta señalando que era una postura conservadora reaccionaria en contra nuestra. Asimismo infirió que la protesta sería violenta: tenemos información que se están preparando con marros, sopletes, bombas molotov. Por su parte la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum también afirmó que habría grupos violentos.

Los discursos estigmatizantes desde las autoridades gubernamentales generan un clima de desconfianza y miedo que inhibe la participación de las mujeres en las acciones de movilización, razones que históricamente han llevado a miles de mujeres a apropiarse del espacio cívico. De la misma forma, estas declaraciones centran el debate público en las formas de expresión de las mujeres durante las movilizaciones, en lugar de las exigencias de justicia y alto a la violencia.

La criminalización previa a la protesta es un elemento discursivo que permite justificar la alta presencia de fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad, que en esta ocasión incluyó un grupo de antimotines de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Ante este clima de estigmatización y de alta presencia de fuerzas de seguridad, integrantes del FLEPS, RRM y CIMAC documentaron el incumplimiento de los protocolos de actuación policial en contexto de protesta así como actos de violencia en los que estuvieron involucrados los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México:

  • Manifestantes reportaron a integrantes de la RRM revisiones injustificadas, así como robos de mochilas por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
  • Al realizar su labor de mediación, el Colectivo Brigada de Paz Marabunta también fue sujeta de agresiones y malos tratos por parte de mujeres policías, contraviniendo a los acuerdos mínimos para la operación de sus labores de mediación.
  • Uso excesivo de polvos de extintor, particularmente entre Avenida Juárez y Lázaro Cárdenas, así como frente a Palacio Nacional. 
  • El uso de gases tipo pimienta que provocaron reacciones en ojos, garganta y piel semejantes. Marabunta reportó que dió apoyo a alrededor de 300 manifestantes por afectaciones debido al uso de éstos.
  • El uso de al menos una granada de gas lacrimógeno.
  • Lanzamiento de artefactos explosivos tipo cohetones que volaban desde las filas policiacas, así como el uso de palos de metal detrás de las vallas en contra de las personas manifestantes.
  • Al menos una periodista fue víctima de agresiones físicas y daños a su equipo de trabajo.

Los actos aquí descritos no sólo contravienen los protocolos de actuación policial en el marco de protesta, sino que también violentan los derechos constitucionales de reunión, manifestación de las ideas y libre expresión, así como de asociación y petición.

Las mujeres y grupos feministas tienen derecho de expresar su hartazgo y a exigir justicia por la falta de respuestas de las autoridades ante la violencia feminicida y ante todo tipo de violencia contra las mujeres. Sus formas de lucha y expresión son diversas y varían desde expresiones artísticas y marchas hasta otras formas que están amparadas  y son legítimas dentro de la desobediencia civil. La apropiación del espacio cívico, configura muchas veces la única forma de exigir justicia y alto a la violencia, y se genera ante las omisiones e incapacidad de las autoridades para prevenir y atender las causas que generan estas violencias. 

En vista de lo anterior, el FLEPS, la RRM y CIMAC:

  • Reiteran que son obligaciones del Estado evitar cualquier discurso estigmatizante que vulnere a las manifestantes, así como crear entornos que posibiliten la protección de todos sus derechos humanos.
  • Conminan a las autoridades a abstenerse de realizar cualquier acto que  criminalice o  promueva  procesos judiciales en contra de quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta.
  • Piden la investigación de las fallas y violaciones a los protocolos de actuación policial en contextos de protesta, así como el dar a conocer los procesos y sanciones al interior de las instituciones de seguridad para así combatir la impunidad y generar garantías de no repetición.

Honduras: Registro de agresiones durante Elecciones 2021

Entre el 23 y el 30 de noviembre de 2021 ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, sus programas de Protección y Defensa y el de Centroamérica y el Caribe además de la iniciativa de la Red Rompe el Miedo fungieron como acompañantes internacionales de la Misión Internacional de Observación Electoral que el Centro de Estudio para la Democracia, Global Exchange, Nuestra Red.mx y la Plataforma Juvenil Electoral, organizaron en Honduras.

A través del monitoreo, registro y documentación de los eventos de agresión hacia la prensa que se presentaron durante la jornada electoral, ARTICLE 19 tuvo conocimiento de agresiones contra 20 personas en total. De este número se desprende que fueron obstaculizados en su labor 11 hombres y 4 mujeres periodistas. Además, 4 mujeres y un hombre que se adscriben como personas defensoras de derechos humanos, fueron agredidas en el desarrollo de su labor como observadores electorales.

Las personas periodistas y defensoras de derechos humanos de las que ARTICLE 19 pudo obtener su testimonio, fueron víctimas de actos de intimidación y hostigamiento, bloqueo informativo , amenazas a la integridad, amenazas de muerte y agresiones físicas. Estas agresiones fueron llevadas a cabo por funcionarios públicos, militantes y simpatizantes de partidos políticos.

Respecto a las regiones donde se suscitaron las agresiones fue posible ubicar que la mayoría sucedieron en Francisco Morazán y en Yoro con 6 y 3 incidentes respectivamente. Por su parte los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, La Paz y Valle registraron un incidente cada uno.

En días anteriores a la elección, Article 19 tuvo conocimiento que autoridades de Migración no permitieron el ingreso de periodistas de Telesur, bajo el argumento de que no estaban acreditadas por el Consejo Nacional Electoral, sin embargo dicha decisión fue arbitraria y contraria a estándares en derechos humanos, en razón de que ninguna norma establece que la entrada de periodistas al país está condicionada por dicha acreditación.

Este antecedente puso en alerta a la Misión de Observación, poniendo mayor atención a las condiciones y garantías en las que sus integrantes podrían desarrollar la labor de observación electoral.

Si bien las cifras documentadas son una muestra de las violaciones a la libertad de prensa que se registraron en el país, dan cuenta de que tanto autoridades militares como civiles, y particulares, desconocen la relevancia de la labor informativa que llevan a cabo periodistas y personas comunicadoras, normalizando la obstaculización a su labor, cuando por el contrario, deberían respetarla, garantizarla y protegerla.

Con la confirmación de la victoria de la candidata del Partido LIBRE, Xiomara Castro, es importante decir que el nuevo gobierno deberá realizar un compromiso amplio y sólido con quienes ejercen la libre expresión desde medios y modelos de comunicación diversos que van desde los consorcios convencionales hasta los proyectos informativos comunitarios. Garantizar la búsqueda y difusión de información de manera libre y segura; la debida procuración de justicia en los casos en que periodistas y personas comunicadoras han sido amenazadas, intimidadas, lesionadas e incluso asesinadas a causa de su labor, es una necesidad apremiante.

La tarea de orientar los esfuerzos del nuevo gobierno de Honduras en la materia, no es una en la que haya que comenzar de cero. Existen documentos previos de análisis sobre el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información realizados a través de sociedad civil y organismos internacionales como el llevado a cabo en el Examen Periódico Universal de 20211 y el informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de estos en Honduras2 que han realizado recomendaciones puntuales para lograr cambios en la materia.

Estos puntos de referencia son importantes pero no son los únicos para elaborar e implementar una estrategia de prevención de ataques, protección y procuración de justicia para quienes se desempeñan en la prensa. En este sentido será fundamental la integración del gremio periodístico y las organizaciones de sociedad civil en cualquier esfuerzo encaminado a mejorar las condiciones a las que los y las periodistas se enfrentan cotidianamente.

1 Examen Periódico Universal – Honduras https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/HNIndex.aspx
2 Situación de los Derechos Humanos en Honduras https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras2019.pdf

La Red Rompe el Miedo monitoreará las movilizaciones conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres en CDMX, Oaxaca y San Luis Potosí

Ciudad de México 23 de noviembre de 2021.- Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) y la Red Rompe el Miedo (RRM) monitorearán este jueves 25 de noviembre las movilizaciones conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres en las ciudades de México, Oaxaca y San Luis Potosí. 

A través de las redes sociales de Twitter @RompeMiedo se publicará información en tiempo real sobre el proceso de las protestas y posibles agresiones contra periodistas e integrantes de la Red en Oaxaca y la Ciudad de México. Mientras que en la cuenta de @Frente_Libertad se denunciarán malas prácticas por parte de las autoridades que incumplan con los estándares nacionales e internacionales sobre la protesta social en Oaxaca, Ciudad de México y San Luis Potosí.

Las organizaciones y colectivos firmantes se unen a las exigencias por un cese a la violencia en contra de las mujeres y de la impunidad en estos casos. Por ello, exigimos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno garantizar el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la participación política de todas las personas que se manifiesten y acompañen las movilizaciones, así como asegurar el libre flujo de información y la cobertura periodística durante las protestas en las ciudades mencionadas y en cualquier otra donde se convoque.

Recordamos a todas las personas manifestantes la importancia de la cobertura periodística de las protestas para contribuir a robustecer el debate público sobre las razones que originan la apropiación del espacio cívico.

Asimismo, pedimos a los medios de comunicación que asignen o permitan la cobertura de las protestas a mujeres periodistas. En caso de no ser posible, los periodistas deben respetar los contingentes separatistas.

«Un voto a la censura»: Informe sobre las elecciones de 2021 de la Red Rompe el Miedo

• La Red Rompe el Miedo (RRM) documentó del 19 de abril al 31 de junio de 2021, 81 agresiones contra periodistas durante la cobertura del proceso electoral.
• Partidos políticos fueron el principal agresor de la prensa durante esta coyuntura con el 41.41% de las agresiones documentadas

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2021.- La red Rompe El Miedo presenta su informe «Un voto a la censura» para hablar de la violencia contra la prensa que se documentó durante las #Elecciones2021.

Además de la violencia vivida por quienes se disputaron cargos de elección popular, las elecciones intermedias de 2021 también fueron fuente de riesgo para la prensa, su libertad de expresión y nuestro derecho a la información. Partidos políticos, autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito físico y digital mostraron su talante autoritario e intolerancia frente a posturas críticas, limitando con ello nuestro derecho a acceder a información que nos permite emitir un voto libre e informado.

Descarga el informe aquí.

Tanto la violencia ejercida contra las y los candidatos así como las elecciones en general, se tratan de hechos de interés público y en ese sentido el derecho a la libertad de expresión reviste una mayor importancia.  

En esa tesitura es que la Red #RompeElMiedo se activó a partir del día 19 de abril y hasta el 31 de junio de 2021 y derivado de ello, se presenta el informe Un Voto a la Censura el cual da cuenta de la violencia ejercida contra la prensa durante el proceso electoral 2021.

El informe también busca hacer un análisis de los patrones de violencia en el ámbito físico y digital ejercidos por diversos perpetradores tales como partidos políticos, funcionarias/os públicos, particulares e incluso integrantes de la delincuencia autorizada con la intención de generar una serie de recomendaciones específicas dirigidas a diversas autoridades para evitar la repetición de estos hechos. 

La RRM documentó del 19 de abril al 31 de junio de 2021, 81 agresiones contra periodistas durante la cobertura del proceso electoral. Durante esta coyuntura electoral, la RRM documentó como principales agresiones, actos de intimidación y hostigamiento  27.27%;  con el 14.14%  amenazas; con el 12.12% se registraron   ataques físicos y  bloqueos o alteración de información;mientras que del total de agresiones documentadas en este periodo, 6.06% constituyeron uso ilegítimo del poder público y 2.02%, privaciones de la libertad; el resto de ataques fueron  remociones de contenido y creación de cuentas falsas. 

Estos ataques se perpetraron principalmente contra 50 hombres cis género, 25 mujeres cis y 6 medios. Los ataques fueron cometidos principalmente por partidos políticos en el 41.41% de los casos colocándose como el principal agresor contra la prensa dentro de esta coyuntura , posteriormente las personas servidoras públicas  cometieron el 20.2% de las agresiones contra la prensa. De estas, 10 fueron cometidas por autoridades estatales, 10 por municipales y 5 por autoridades federales.  Finalmente 10.10% de las agresiones fueron cometidas por particulares, mientras periodistas documentaron el proceso electoral y 2.02% por integrantes de la delincuencia organizada.

Sobre los estados con mayor número de agresiones contra la prensa, nueve entidades registraron los mayores números de ataques: Guerrero y Yucatán con 8 agresiones cada una; Guanajuato y Jalisco con 7 y; Baja California y Estado de México en tercer lugar con 6. 

Es importante destacar que algunas preocupaciones durante las coberturas en este proceso electoral se centraron en la violencia de género así como las remociones de contenido por el impacto que generaron en las y los periodistas. 

Derivado de esta radiografía de violencia contra la prensa, aunado a la ya de por sí precaria y riesgosa situación que presentan factores como la pandemia, impunidad, corrupción, falta de prestaciones laborales, exige a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que en apego a sus facultades atiendan sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos. Asimismo, la RRM aspira a seguir fortaleciendo capacidades de personas defensoras y periodistas para mitigar la violencia y sus impactos en contextos de riesgo.

La Red Rompe el Miedo documenta agresiones contra la prensa en un clima de violencia política durante las elecciones

• 16 agresiones contra la prensa durante la jornada del 6 de junio.
• Los principales agresores fueron integrantes de partidos políticos.
• Agresiones buscaron privar a la sociedad de información sobre las elecciones

Ciudad de México, a 8 de junio de 2021.- Durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, la Red Rompe El Miedo (RRM) documentó 16 agresiones contra periodistas en vinculación con su labor. Desde la activación de la Red, el 19 de abril, se han registrado 55 agresiones. 

La documentación pone en evidencia los riesgos a los que se enfrenta la prensa en nuestro país. A lo largo de este proceso electoral, se identificó un patrón de agresiones que buscó restringir el flujo informativo sobre las propuestas y el actuar de las candidaturas y personas funcionarias públicas. 

Las y los integrantes de partidos políticos se sostienen como los agresores principales, señalados en el 50.90% de los casos. Le siguen particulares y personas funcionarias públicas, con el 16.36% cada uno. 

Al respecto, es preocupante que agentes de partidos políticos y personas funcionarias continúen patrones previos de agresiones contra la prensa. De acuerdo con los estándares internacionales, su rol como figuras públicas les exige un mayor umbral de tolerancia con respecto al escrutinio público, por lo que es urgente que se eliminen estos patrones de violencia contra la prensa. 

Desde el 19 de abril, la RRM ha documentado principalmente intimidaciones y hostigamientos, con 20 casos (37.03%), Amenazas, con 11 casos (20.37%), y ataques físicos y bloqueos informativos con 7 casos cada uno (12.96%). Es importante mencionar que más de la mitad de las amenazas corresponden específicamente al día de la elección.

Los estados con más agresiones documentadas hasta el momento en todo el proceso electoral son Baja California, con 6 agresiones, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, con 5 cada uno, seguidos de Guerrero, Sinaloa y Yucatán con 4 cada una. Cabe resaltar que en Baja California, 5 ocurrieron el día de votaciones.

La violencia contra la prensa es un factor alarmante ya que vulnera las dos dimensiones del derecho a la libertad de expresión. Primeramente, las agresiones generan un clima de miedo el cual provoca la autocensura, dañando su dimensión individual. Asimismo, afectan en su dimensión colectiva dado que se limita la información pública que la sociedad requiere saber sobre el desarrollo de las elecciones y otros asuntos de interés público para poder votar de manera informada. Esto imposibilita que todas las personas puedan ejercer libre y plenamente su derecho de acceso a la información y, por consecuencia, sus derechos políticos y electorales. 

A su vez, otros escenarios de violencia política fungen como un potencial factor de censura contra la prensa. Este proceso electoral se caracterizó por la gravedad de la violencia política. De acuerdo con información de Etellekt, 91 personas, entre aspirantes y candidatas, fueron asesinadas. La espiral de violencia que afecta muchos aspectos de la vida pública de México fue una característica particularmente dolorosa en el contexto electoral del 2021. A pesar de ello, la ciudadanía, periodistas, personas observadoras y defensoras de derechos humanos, se hicieron presentes como garantes sociales de los derechos políticos. 

La RRM se fundó en 2013 y desde entonces se activa durante contextos de protestas sociales y procesos electorales en el país, así como otras coberturas de riesgo. Durante 2021, emprendió acciones para capacitar a periodistas en temas de seguridad integral, y así disminuir los posibles riesgos de una de las coberturas que, de acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, históricamente ha conllevado grandes riesgos para la prensa.

Este año, se activaron 53 nodos y 6 centros de monitoreo estatal en Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, Oaxaca, Estado de México y Coahuila con el apoyo del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C; Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato; Consorcio Oaxaca; Iniciativa Sinaloa y; Surco, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca A.C.

Además, se coordinó con diversas autoridades, tales como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Instituto Nacional Electoral (INE), para atender y dar seguimiento a casos cuando fuera necesario. 

Por lo anterior, la Red Rompe el Miedo: 

  • Exige a las autoridades electorales nacional y locales, así como a partidos políticos a garantizar el derecho de libertad de expresión de las y los periodistas y el derecho a la información de la sociedad. 

  • Llama al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y otros mecanismos de protección locales a proteger y prevenir agresiones que atenten contra la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas que siguen cubriendo el proceso electoral

  • Conmina a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías de los Estados, según corresponda, a tomar las denuncias de las y los periodistas quienes fueron víctimas de delitos en este ciclo electoral. 

  • También se insta a las comisiones de derechos humanos, tanto nacional como estatales, a atender las violaciones a derechos humanos que se derivan de agresiones por parte de funcionarias y funcionarios públicos contra periodistas en el transcurso del proceso electoral. 

Finalmente la RRM se mantiene activa para acompañar a periodistas y personas defensoras integrantes de la Red, en tanto cubran el final del proceso electoral.

Firman:
ARTICLE19
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A. C.
Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato
Consorcio Oaxaca
Data Cívica
Iniciativa Sinaloa
Surco, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca A.C.
SocialTIC
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

La Red Rompe el Miedo documenta agresiones contra la prensa en un clima de violencia política durante las elecciones

• 16 agresiones contra la prensa durante la jornada del 6 de junio.
• Los principales agresores fueron integrantes de partidos políticos.
• Agresiones buscaron privar a la sociedad de información sobre las elecciones

Ciudad de México, a 8 de junio de 2021.- Durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, la Red Rompe El Miedo (RRM) documentó 16 agresiones contra periodistas en vinculación con su labor. Desde la activación de la Red, el 19 de abril, se han registrado 55 agresiones. 

La documentación pone en evidencia los riesgos a los que se enfrenta la prensa en nuestro país. A lo largo de este proceso electoral, se identificó un patrón de agresiones que buscó restringir el flujo informativo sobre las propuestas y el actuar de las candidaturas y personas funcionarias públicas. 

Las y los integrantes de partidos políticos se sostienen como los agresores principales, señalados en el 50.90% de los casos. Le siguen particulares y personas funcionarias públicas, con el 16.36% cada uno. 

Al respecto, es preocupante que agentes de partidos políticos y personas funcionarias continúen patrones previos de agresiones contra la prensa. De acuerdo con los estándares internacionales, su rol como figuras públicas les exige un mayor umbral de tolerancia con respecto al escrutinio público, por lo que es urgente que se eliminen estos patrones de violencia contra la prensa. 

Desde el 19 de abril, la RRM ha documentado principalmente intimidaciones y hostigamientos, con 20 casos (37.03%), Amenazas, con 11 casos (20.37%), y ataques físicos y bloqueos informativos con 7 casos cada uno (12.96%). Es importante mencionar que más de la mitad de las amenazas corresponden específicamente al día de la elección.

Los estados con más agresiones documentadas hasta el momento en todo el proceso electoral son Baja California, con 6 agresiones, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, con 5 cada uno, seguidos de Guerrero, Sinaloa y Yucatán con 4 cada una. Cabe resaltar que en Baja California, 5 ocurrieron el día de votaciones.

La violencia contra la prensa es un factor alarmante ya que vulnera las dos dimensiones del derecho a la libertad de expresión. Primeramente, las agresiones generan un clima de miedo el cual provoca la autocensura, dañando su dimensión individual. Asimismo, afectan en su dimensión colectiva dado que se limita la información pública que la sociedad requiere saber sobre el desarrollo de las elecciones y otros asuntos de interés público para poder votar de manera informada. Esto imposibilita que todas las personas puedan ejercer libre y plenamente su derecho de acceso a la información y, por consecuencia, sus derechos políticos y electorales. 

A su vez, otros escenarios de violencia política fungen como un potencial factor de censura contra la prensa. Este proceso electoral se caracterizó por la gravedad de la violencia política. De acuerdo con información de Etellekt, 91 personas, entre aspirantes y candidatas, fueron asesinadas. La espiral de violencia que afecta muchos aspectos de la vida pública de México fue una característica particularmente dolorosa en el contexto electoral del 2021. A pesar de ello, la ciudadanía, periodistas, personas observadoras y defensoras de derechos humanos, se hicieron presentes como garantes sociales de los derechos políticos. 

La RRM se fundó en 2013 y desde entonces se activa durante contextos de protestas sociales y procesos electorales en el país, así como otras coberturas de riesgo. Durante 2021, emprendió acciones para capacitar a periodistas en temas de seguridad integral, y así disminuir los posibles riesgos de una de las coberturas que, de acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, históricamente ha conllevado grandes riesgos para la prensa.

Este año, se activaron 53 nodos y 6 centros de monitoreo estatal en Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, Oaxaca, Estado de México y Coahuila con el apoyo del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C; Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato; Consorcio Oaxaca; Iniciativa Sinaloa y; Surco, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca A.C.

Además, se coordinó con diversas autoridades, tales como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Instituto Nacional Electoral (INE), para atender y dar seguimiento a casos cuando fuera necesario. 

Por lo anterior, la Red Rompe el Miedo: 

  • Exige a las autoridades electorales nacional y locales, así como a partidos políticos a garantizar el derecho de libertad de expresión de las y los periodistas y el derecho a la información de la sociedad. 

  • Llama al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y otros mecanismos de protección locales a proteger y prevenir agresiones que atenten contra la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas que siguen cubriendo el proceso electoral

  • Conmina a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías de los Estados, según corresponda, a tomar las denuncias de las y los periodistas quienes fueron víctimas de delitos en este ciclo electoral. 

  • También se insta a las comisiones de derechos humanos, tanto nacional como estatales, a atender las violaciones a derechos humanos que se derivan de agresiones por parte de funcionarias y funcionarios públicos contra periodistas en el transcurso del proceso electoral. 

Finalmente la RRM se mantiene activa para acompañar a periodistas y personas defensoras integrantes de la Red, en tanto cubran el final del proceso electoral.

Firman:
ARTICLE19
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A. C.
Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato
Consorcio Oaxaca
Data Cívica
Iniciativa Sinaloa
Surco, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca A.C.
SocialTIC
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Organizaciones condenamos falta de apoyo a periodistas, activistas, defensoras y víctimas del #9N en Quintana Roo

Las organizaciones y colectivos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas condenamos la falta de acciones eficaces por parte de las autoridades responsables de garantizar el acceso a la justicia, protección y reparación del daño a las víctimas, durante la represión del 9 de noviembre del 2020 en Cancún, Quintana Roo, entre quienes resultaron heridas de bala dos periodistas y 11 manifestantes presentaron lesiones.

9N: Abuso de las fuerzas de seguridad pública 

El 9 de noviembre (9N), la Policía Municipal de Benito Juárez, adscrita al Mando Único Policial de Quintana Roo, dispersó a balazos una manifestación en el marco de las movilizaciones #JusticiaporAlexis, frente al palacio municipal, en la que se exigía justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Martínez. Las fuerzas de seguridad pública usaron  fuerza a través de detenciones arbitrarias, agresiones físicas y tratos denigrantes en contra de las personas presentes.

Las y los representantes de medios de comunicación que documentaron la protesta fueron sujetas de actos que violentaron su derecho humano a la libertad de expresión e integridad personal, con el bloqueo de información, despojo de material de trabajo, intimidación y amenazas a la integridad realizados a través de la violencia física, patrimonial y psicológica por parte de los elementos policíacos. 

Una reportera recibió un impacto de bala en la pierna, otro reportero resultó herido de bala en un brazo y otros recibieron golpes con objetos como macanas y daño a sus celulares.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), que fungió como entidad observadora en la manifestación, emitió el 30 de noviembre la Recomendación 20/2020, en la cual determinó que existieron violaciones al derecho a la reunión o libre manifestación y libre expresión; a la libertad y seguridad personal; a la integridad personal, en su modalidad de trato cruel o degradante y violación al derecho a la libertad de expresión en relación con el derecho a la información.

El 13 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que ejerció acción penal en contra de 11 elementos adscritos a la Policía Municipal, tanto mandos superiores como personal uniformado, por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y abuso de autoridad en contra de dos periodistas y nueve manifestantes. 

El titular de la Fiscalía, Óscar Montes de Oca Rosales, expuso en su momento que tras el análisis de la evidencia se concluyó que nueve mandos de la Policía Municipal incumplieron con su deber, al no salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, en términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

Impunidad y falta de acción tras los hechos

El 28 de febrero de 2021 la juez de control vinculó a proceso a los 11 agentes de la Policía Municipal, determinando prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para 10 de ellos. Sin embargo, el pasado 29 de abril la autoridad judicial emitió un auto en el cual indicó que no ha sido posible ubicar a los elementos imputados, es decir, que se encuentran en calidad de prófugos, sin otros avances hasta la fecha.

La no localización de los policías, como probables responsables de la represión ocurrida contra periodistas y manifestantes, representa un riesgo para la integridad personal y la vida de las víctimas y testigos, además que afecta su derecho de acceso a la justicia. 

Asimismo CIMAC,  ARTICLE 19 y CPJ han documentado que al menos una de las víctimas de los hechos del 9N ha sufrido también amenazas, hostigamientos, intentos de ingreso a su domicilio, así como vigilancia y tomas de fotografías sin su consentimiento. Ante esto, la respuesta tanto de la Fiscalía del estado como del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos (Mecanismo) para proteger a las víctimas ha sido deficiente, lo que aumenta el nivel de riesgo de todas las personas, tanto manifestantes como periodistas.

Los hechos aquí descritos se dan en el marco de la impunidad ante agresiones contra la prensa en el estado. En el año 2020, ARTICLE 19 documentó al menos 60 agresiones contra la prensa, colocándola en el tercer estado con más ataques y agresiones contra periodistas y medios. Asimismo, del 2018 a la fecha ha habido al menos tres asesinatos de periodistas en la entidad en posible vínculo con la labor periodística.. Al respecto, las organizaciones reiteramos la urgencia de acción por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno. 

Exigencias y llamados:

En vista de lo anterior, las organizaciones abajo firmantes: 

  • Llamamos enérgicamente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para cumplir  la orden de prisión preventiva dictada a los presuntos responsables. 
  • Conminamos a las autoridades municipales y estatales a dar cumplimiento cabal a la Recomendación 20/2020 emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a fin de facilitar el acceso a la justicia, la reparación del daño y garantizar medidas de no repetición. 
  • Finalmente, en miras de fortalecer los  previos compromisos de las respectivas autoridades con las víctimas, exigimos la instalación de una mesa de trabajo con periodistas víctimas de los atentados del pasado 9 de noviembre, organizaciones defensoras del derecho a la libertad de expresión y colectivos de periodistas a Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo; Marco Antonio Toh Euán, titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado; Lucio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría estatal de Seguridad Pública Estatal; Karla Patricia Rivero González, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo; Alfredo Cuéllar Labarthe, Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa;a la Junta de Gobierno en pleno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Martha Delgado Peralta, titular Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; Rosario Piedra Ibarra, titular Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Alberto Xicoténcatl Carrasco, presidente del consejo consultivo del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos. 
  • Este último con el fin de atender las obligaciones, compromisos y recomendaciones para asegurar que las víctimas de estos actos de violencia tengan un acceso adecuado a servicios integrales de apoyo y protección; asegurar que se lleven a cabo las investigaciones de manera diligente, de manera imparcial y efectiva orientadas a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de actos de violencia, focalizando las relacionadas contra mujeres periodistas y atentados en el ejercicio de su labor.

Firman: 
Red de Periodistas de Quintana Roo
Comunicación e Información de la Mujer A.C.
Red Nacional de Periodistas
Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)
Red Rompe el Miedo
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS)

La Red #RompeElMiedo se activa durante las elecciones de 2021

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021.- Frente a la creciente violencia contra la prensa, desde hoy se activa la Red Rompe el Miedo a nivel nacional para monitorear y documentar agresiones en contra de periodistas, medios de comunicación e integrantes de la Red en el marco del proceso electoral de 2021.

El objetivo de la activación es fortalecer herramientas, procesos y redes para la protección y seguridad de periodistas y personas defensoras. Así, publicará en tiempo real información sobre la situación de las coberturas periodísticas a  nivel nacional a través del sitio web y las cuentas de Twitter y Facebook. Además difundirá información y recomendaciones para coberturas seguras de elecciones.

La cobertura electoral es una de las de mayor riesgo para las y los periodistas en México. En 2018 la RRM documentó 1 agresión cada 10 horas contra periodistas, por su labor en ésta. Además, la Red documentó 185 agresiones en contra de periodistas y personas defensoras. Del total de agresiones, 68 –poco más del 36%– fueron registradas el 1 de julio, día de las elecciones. Posteriormente, ARTICLE 19 documentó 14 agresiones en contexto electoral de 2019. De estas, 8 fueron perpetradas por partidos políticos; 3 de funcionarios públicos; 2 particulares y en 1 no se tuvieron elementos suficientes para identificar al perpetrador. 

A propósito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que “los procesos electorales están íntimamente vinculados a la libertad de expresión e información, ya que para que los ciudadanos puedan llevar adelante sus decisiones en el momento de votar es indispensable que cuenten con la mayor cantidad de información posible. Para esto, es crucial que los hechos, las ideas y las opiniones circulen libremente. Sin lugar a dudas, el modo más común que tienen los ciudadanos de informarse en la actualidad es a través de los medios de comunicación de masas.”1 Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) expresó que, debido a su importancia, es imprescindible que se proteja y garantice el ejercicio de este derecho en el debate político durante el proceso electoral.2

La Red Rompe el Miedo es un esfuerzo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que surgió en 2013, a partir de las agresiones contra comunicadores en protestas. A lo largo de 8 años, ha ido ampliando sus activaciones a otras coberturas de riesgo, como la electoral, de desastres ambientales, de migración, entre otras. Tiene como objetivo impulsar la articulación de medios de comunicación, periodistas y personas defensoras de derechos humanos para proteger la seguridad de las personas de las cuales depende el ejercicio del derecho a la información de la sociedad.

El flujo de información de interés público es fundamental para garantizar elecciones libres y seguras, así como para fortalecer la democracia del país. Por ello, la Red Rompe el Miedo llama al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, a las autoridades electorales tales como el Instituto Nacional Electoral (INE) e institutos electorales locales a garantizar que la cobertura de las y los periodistas se realice en condiciones de seguridad y omitir cualquier acción que pueda inhibir el flujo de información de interés público, tanto en el ámbito físico como digital. También exigimos a las y los integrantes de partidos políticos y personas candidatas a omitir cualquier acto que pueda poner en peligro la vida, libertad, integridad y seguridad de la prensa por motivo de su labor.

1Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Informe temático Libertad de Expresión y Procesos Electorales. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/tematicos.asp
2Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs Paraguay, Sentencia del 31 de agosto de 2004, Serie C, No. 111.