• La Red Rompe el Miedo (RRM) documentó del 19 de abril al 31 de junio de 2021, 81 agresiones contra periodistas durante la cobertura del proceso electoral.
• Partidos políticos fueron el principal agresor de la prensa durante esta coyuntura con el 41.41% de las agresiones documentadas
Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2021.- La red Rompe El Miedo presenta su informe «Un voto a la censura» para hablar de la violencia contra la prensa que se documentó durante las #Elecciones2021.
Además de la violencia vivida por quienes se disputaron cargos de elección popular, las elecciones intermedias de 2021 también fueron fuente de riesgo para la prensa, su libertad de expresión y nuestro derecho a la información. Partidos políticos, autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito físico y digital mostraron su talante autoritario e intolerancia frente a posturas críticas, limitando con ello nuestro derecho a acceder a información que nos permite emitir un voto libre e informado.
Tanto la violencia ejercida contra las y los candidatos así como las elecciones en general, se tratan de hechos de interés público y en ese sentido el derecho a la libertad de expresión reviste una mayor importancia.
En esa tesitura es que la Red #RompeElMiedo se activó a partir del día 19 de abril y hasta el 31 de junio de 2021 y derivado de ello, se presenta el informe Un Voto a la Censura el cual da cuenta de la violencia ejercida contra la prensa durante el proceso electoral 2021.
El informe también busca hacer un análisis de los patrones de violencia en el ámbito físico y digital ejercidos por diversos perpetradores tales como partidos políticos, funcionarias/os públicos, particulares e incluso integrantes de la delincuencia autorizada con la intención de generar una serie de recomendaciones específicas dirigidas a diversas autoridades para evitar la repetición de estos hechos.
La RRM documentó del 19 de abril al 31 de junio de 2021, 81 agresiones contra periodistas durante la cobertura del proceso electoral. Durante esta coyuntura electoral, la RRM documentó como principales agresiones, actos de intimidación y hostigamiento 27.27%; con el 14.14% amenazas; con el 12.12% se registraron ataques físicos y bloqueos o alteración de información;mientras que del total de agresiones documentadas en este periodo, 6.06% constituyeron uso ilegítimo del poder público y 2.02%, privaciones de la libertad; el resto de ataques fueron remociones de contenido y creación de cuentas falsas.
Estos ataques se perpetraron principalmente contra 50 hombres cis género, 25 mujeres cis y 6 medios. Los ataques fueron cometidos principalmente por partidos políticos en el 41.41% de los casos colocándose como el principal agresor contra la prensa dentro de esta coyuntura , posteriormente las personas servidoras públicas cometieron el 20.2% de las agresiones contra la prensa. De estas, 10 fueron cometidas por autoridades estatales, 10 por municipales y 5 por autoridades federales. Finalmente 10.10% de las agresiones fueron cometidas por particulares, mientras periodistas documentaron el proceso electoral y 2.02% por integrantes de la delincuencia organizada.
Sobre los estados con mayor número de agresiones contra la prensa, nueve entidades registraron los mayores números de ataques: Guerrero y Yucatán con 8 agresiones cada una; Guanajuato y Jalisco con 7 y; Baja California y Estado de México en tercer lugar con 6.
Es importante destacar que algunas preocupaciones durante las coberturas en este proceso electoral se centraron en la violencia de género así como las remociones de contenido por el impacto que generaron en las y los periodistas.
Derivado de esta radiografía de violencia contra la prensa, aunado a la ya de por sí precaria y riesgosa situación que presentan factores como la pandemia, impunidad, corrupción, falta de prestaciones laborales, exige a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que en apego a sus facultades atiendan sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos. Asimismo, la RRM aspira a seguir fortaleciendo capacidades de personas defensoras y periodistas para mitigar la violencia y sus impactos en contextos de riesgo.